Con esta iniciativa se pretende apoyar a cerca de 200 mil productores para que normalicen su situación financiera ocasionada por fenómenos naturales o problemas de comercialización derivados del Covid-19

• También contempla la suspensión de procesos judiciales a quienes se acojan a esta medida 

• El Proyecto de Ley de iniciativa del Gobierno Nacional con mensaje de urgencia, pasa a discusión en las plenarias de las dos cámaras del Congreso, faltándole dos debates.  

• Contempla además el alivio en obligaciones no financieras como es el caso de las deudas en almacenes de agroinsumos  


El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, agradeció al Congreso de la República su compromiso con las iniciativas relacionadas con el agro, luego de que el proyecto de Ley de Alivios Financieros para pequeños y medianos productores del campo fuera aprobado en primer debate de comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara. 


El ministro Zea recordó que la iniciativa impulsada por su cartera, busca adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios, biológicos, caída severa y sostenida de ingresos, afectaciones climáticas y en general otras causas que hayan afectado su actividad productiva y de comercialización, impidiéndoles cumplir con las mismas. Por lo tanto, el proyecto permite acuerdos de recuperación y pago de cartera que estuvieran en mora antes del 30 de junio de 2020. 
“Conocemos la situación de muchos pequeños y medianos productores.   Por eso presentamos este Proyecto que pretende ayudarle a cientos de miles de campesinos, para que normalicen su situación con los bancos y vuelvan a ser sujetos de crédito”, dijo, siendo esta la población más vulnerable a circunstancias coyunturales, sufriendo su capacidad productiva y a su vez de sus ingresos, lo que se deriva en el incumplimiento del pago de sus obligaciones crediticias.  Con esta iniciativa, el Gobierno del Presidente Iván Duque busca implementar medidas de respaldo económico que promuevan la estabilidad de esta población y del campo en general, agregó. 

Es importante destacar en el Proyecto, entre otros alivios, que se busca autorizar la realización de acuerdos de pago a través del Banco Agrario o con otros bancos, con obligaciones financieras cubiertas con garantía Fondo Agropecuario de Garantías FAG.   Con esta medida, se pueden beneficiar cerca de 140.000 deudores.  


La segunda apuesta del proyecto de Ley es facultar a la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA) para aplicar descuentos al valor total de la deuda. Esto aplicará para las obligaciones de deudores que hayan sido beneficiados anteriormente con el FONSA.  Con esta medida, se apoyarán a más de 56.000 deudores.   
En tercer lugar, el proyecto permite a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinar las condiciones de pequeño productor categorizandolos por cadena productiva y permitiendo asi el acceso de los pequeños a los beneficios para dicha categoria.  


El ministro Rodolfo Zea, indicó que el Gobierno con el objeto de cumplirle a cientos de miles de productores que han tenido problemas con sus obligaciones financieras por diferentes razones de fuerza mayor, envió al Congreso un mensaje de urgencia para la discusión del proyecto. 


Como novedad, en el proyecto de Ley que pasa a ser discutido en plenarias, se incluyeron dos nuevos artículos que tienen que ver con otorgar alivios a usuarios del servicio público de adecuación de tierras; el primero, autoriza a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para otorgar la condonación parcial del capital de la tasa  actualmente exigible y la condonación total de los intereses moratorios causados por el mismo concepto en los distritos de propiedad de esta entidad. 


El otro tiene que ver con el saneamiento de la cartera de los usuarios de los distritos de adecuación de tierras, lo cual la ADR lo realizará dentro del año siguiente a la gestión de saneamiento de las obligaciones de los usuarios, cuya fecha de exigibilidad sea superior a 5 años, contados a partir de la fecha de sanción de la ley.