Las inversiones auditadas están por el orden de los 132 mil millones de pesos y corresponden a recursos de regalías.

Los hechos declarados de impacto nacional tienen como entidades afectadas a la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior -EDURED-ALDESARROLLO.

En su visita a Riohacha, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló que en total fueron 30 hallazgos fiscales por 132.025 millones de pesos en proyectos de regalías desarrollados en el Departamento de La Guajira y que auditó en 2022.

De esa suma el 95 por ciento ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional por el Contralor.

Dibulla, Riohacha, La Jagua del Pilar y Manaure, son algunos de los municipios donde están las obras y proyectos con los mayores recursos en riesgo de perderse en obras inconclusas o en proyectos que no guardan la pertinencia con las necesidades de la comunidad ni las prioridades de los distintos entornos.

En materia de regalías

Del total de hallazgos con presunta incidencia fiscal, $37.000 millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz y los demás a denuncias gestionadas por el organismo de control.
El mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por $15.616 millones y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Otros hallazgos fiscales relevantes que determinó la Contraloría y fueron declarados de impacto nacional son los siguientes:

*En el municipio de Jagua del Pilar, el proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana del distrito de Riohacha, registró un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones ($14.481.453.699). Esta es una obra que fue entregada, pero no está disponible para el uso de la comunidad ya que las instalaciones se encuentran en mal estado y en condición de abandono.

*Por $11.384 millones de pesos, se consolidó un hallazgo correspondiente al proyecto de construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure.

Esta obra lleva un avance de más del 90%, pero un conflicto de deudas con la empresa AIRE impide que haya energía para el funcionamiento de la obra (para su funcionamiento se necesita solucionar este conflicto).

El proyecto está suspendido de forma indefinida desde junio de 2022. La denuncia al respecto fue realizada por la periodista Salud Hernández, que ha realizado varias más sobre otros proyectos de regalías en La Guajira, las cuales han sido tramitadas por la Contraloría General y donde se han determinado hallazgos fiscales por más de $29.000 millones.

*$10.103 millones es el monto del hallazgo fiscal que se registró en el proyecto correspondiente a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos.

De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio.

*Hallazgo fiscal por $8.420 millones en relación al proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira”, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente NO sostenible. La entidad afectada es el Municipio de Manaure.

Se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra.

Por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan.

*La implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania generó un detrimento de $8.050 millones.

Esta es una obra que se ha encontrado abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. El proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1000 alevinos en estados de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos.

*Por $5.688 millones se determinó hallazgo fiscal correspondiente a la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos, en Riohacha.

El proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria, que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas.

Los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones, dando continuidad a la emergencia sanitaria.

*Hallazgo fiscal de $3.799 millones, por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires (Municipio de Uribia), dado que no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato.

No se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciara la presencia de agua en la zona.

Los hechos declarados de impacto nacional tienen como entidades afectadas a la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior -EDURED-ALDESARROLLO.

Aeropuerto Almirante Padilla

La Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Aerocivil por las obras inconclusas del lado aire del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, que incluyen la pista, franjas de seguridad, drenajes, etc.), y por el riesgo de pérdida de los casi $41.000 millones de recursos públicos que ya se pagaron al contratista de obra, el Consorcio Infraestructura Riohacha.

El organismo de control alertó también sobre la deficiente estructuración, ejecución, interventoría y supervisión de estas obras, que tuvieron un valor inicial de $ 38.376 millones (sin incluir el valor de interventoría) y que, según el primer contratista de obra y la primera Interventoría de este proyecto, podrían tener un valor final aproximado de $ 61.500 millones (un 60,35% más).

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió a la Aerocivil para que gestione lo necesario y suficiente para garantizar que todas las obras inconclusas previstas en el objeto del Contrato de Obra Pública
No 19001312 H4-2019, que terminó por plazo vencido el pasado 19 de noviembre 2022, sean prontamente reiniciadas y adecuadamente finalizadas, de forma que se evite el actual riesgo de deterioro y/o pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas al contratista de obra y se garantice la plena funcionalidad y seguridad de la pista de este importante aeropuerto, fundamental para la adecuada conectividad aérea de Riohacha.

Rodríguez Becerra presentó en la capital de La Guajira los resultados de una Auditoría de Cumplimiento a la Aeronáutica Civil terminada recientemente, donde se revisó y evaluó la ejecución de los contratos de obra pública Nro. 19001312 H4 de 2019 y 19001458 H3 de 2019, y de los recursos públicos asignados en la vigencia 2021 para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y a la navegación aérea del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.

Esta auditoría estableció 8 hallazgos administrativos, 3 de ellos con posible incidencia fiscal por valor total de $29.060 millones, 7 con presunta connotación disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal (por modificación del objeto contractual).

Agua y saneamiento básico

La Contraloría General de la República abrió 5 procesos de responsabilidad fiscal por un valor total de $22.005 millones de pesos luego de detectar igual número de hallazgos fiscales en una Auditoría de Cumplimiento practicada a los recursos invertidos para Agua
Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira en las vigencias 2018 a 2022.

Se trató de una auditoría practicada durante el segundo semestre de 2022 por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico donde se evaluaron los recursos y contratos ejecutados y/o finalizados en las vigencias 2018 a 2022, sin tener en cuenta la fecha de suscripción de los mismos, y se tuvo una cobertura que alcanzó 14 de los 15 municipios que conforman el Departamento de La Guajira.

En el marco de esta auditoría la CGR se establecieron en total 18 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) posible connotación penal y 5 de probable carácter fiscal en cuantía de $20.769 millones.

Los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que realizó la correspondiente evaluación y determinó la apertura de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal, donde las entidades afectadas son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de La Guajira.

Enseguida una breve relación de los hallazgos fiscales detectados en la Auditoría de Cumplimiento y de los procesos de responsabilidad fiscal que se abrieron:

Hallazgos Fiscales

Entre los hallazgos con presunta connotación fiscal cobran especial relevancia los relacionados con el saneamiento básico del municipio de Riohacha, asociados a obras sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales de la capital del departamento. Se trata de 2 hallazgos fiscales cuyas cuantías de presunto detrimento al patrimonio público suman $10.305.856.683,68:

El primero de estos hallazgos se relaciona con la construcción de obras hidráulicas de los distritos sanitarios V y VI de la comuna 10 del municipio de Riohacha, con presunta incidencia fiscal en cuantía de $9.782.334.320,81. (Contrato 240 de 2015)

Y el segundo hallazgo está relacionado con el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Riohacha Fase II, cuya presunta connotación fiscal alcanza una cuantía de $523.522.362,87. (Contrato 239 de 2015)

En el primer caso la CGR evidenció que se construyeron y pagaron obras para saneamiento básico del municipio que quedaron sin funcionalidad al cambiarse el método de tratamiento de las aguas residuales, causando un presunto daño patrimonial en cuantía de $9.782.334.320,81, por las obras pagadas que no prestan y no prestarán el servicio para el cual fueron destinados los correspondientes recursos. El contrato 240 buscaba enviar las aguas a las lagunas de oxidación que se pretendían construir mediante el contrato 239 de 2015.

En el segundo caso, por concepto de Stand by, debido a que el contratista mantuvo la maquinaria asignada al proyecto ociosa, sin prestar ningún servicio, durante la suspensión del contrato, como resultado de una gestión inadecuada, incorrecta y antieconómica que vulnera el principio de planeación y causa un daño al patrimonio público en cuantía de $523.522.362,87, que le fueron pagados al contratista, sin que la maquinaria fuera utilizada.

La CGR reprocha las debilidades en la planeación de estos contratos, entre otros aspectos por la no realización de la consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto, lo cual, posteriormente dio lugar a cambios que causan la afectación del patrimonio público.