Uribia, es uno de los cuatro municipios del país investigado por las irregularidades en al inversión de recursos correspondientes a los resguardos indígenas.
En ese municipio, se lleva a cabo un proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en un contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia.
Según la Contraloría, los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.
Las fallas cometidas por los administradores de estos recursos públicos, son según el órgano de control fiscal, las siguientes:
*Irregularidades en órdenes de compra.
*Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos.
*Incumplimiento de órdenes de servicio.
*Ejecución parcial de proyectos.
*Pagos sin el lleno de los requisitos de ley.
*Compras con sobrecostos.
*Incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos.
*Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición.
*Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos
*Faltantes en la ejecución de recursos.