Atendiendo la premisa del Ministro Wilson Ruiz Orejuela, de consolidar una Política Criminal más racional y coherente en la que no todo delito signifique cárcel de manera automática, el Ministerio de Justicia y del Derecho puso en marcha un proyecto piloto de alternatividad penal financiado y diseñado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos (INL).
Dicho proyecto es fruto de un viaje de estudio a Colorado (Estados Unidos) en enero de 2020, que realizaron delegados del MinJusticia y de otras entidades que participan en la cadena penal.
La iniciativa, que será ejecutada bajo la dirección y experticia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como objetivo principal interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y reincidencia del crimen organizado al reducir la cantidad de infractores elegibles de bajo riesgo que son enviados a centros carcelarios y penitenciarios. Aunque también plantea reducir la reincidencia penal y evitar el hacinamiento carcelario.
Esto se logrará optimizando el uso de las alternativas al encarcelamiento existentes en el Código Penal colombiano, pero que son subutilizadas. Así las cosas, se construirá una herramienta de evaluación del riesgo para que los jueces puedan tomar decisiones más informadas y acertadas.
El proyecto, que tendrá una duración de tres años y que actualmente marcha en la fase de designación de delegados para pasar luego a mesas de trabajo institucional en fechas por definir, tiene como cabeza en el Ministerio de Justicia al director de Política Criminal y Penitenciaria, Carlos Arturo Ramírez Hincapié.
Durante esos 36 meses se espera establecer un mecanismo de consulta permanente con las autoridades del sistema de justicia penal colombiano, como el MinJusticia, la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Así mismo, se pretende desarrollar una herramienta de evaluación del riesgo que ofrezca mejor información a los operadores de justicia para tomar decisiones sobre el uso de alternativas al encarcelamiento en los procesos que adelanten en una población objetivo, la cual será determinada en el transcurso del proyecto y de la que harán parte procesados o sentenciados por delitos que sean prevalentes, no violentos y cuya naturaleza presente un riesgo bajo para la seguridad pública.
También se ofrecerá asistencia técnica para integrar el uso de esta herramienta como piloto en el sistema de justicia penal, en un lugar que será seleccionado más adelante.
La labor de monitoreo y evaluación del piloto para medir su impacto estará a cargo de un tercero independiente e imparcial: el Centro de Innovación Judicial (CCI por sus siglas en inglés), reconocido instituto con sede en Nueva York que crea programas para probar nuevas ideas, realiza investigaciones para determinar qué funciona y qué no y brinda asistencia a través de sus expertos a los reguladores en materia justicia en todo el mundo.
Se espera que el Ministerio de Justicia sea un actor clave en el desarrollo del proyecto, en su calidad de miembro activo del mecanismo de consulta permanente que guiará la implementación del mismo. Ello incluye participar en el levantamiento de una línea base y ser un posible signatario del acuerdo bilateral por medio del cual se formalice el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.