Por Juan Amaya Correa
El problema de la inseguridad en las principales ciudades del país se ha incrementado en forma excesiva en los últimos meses. Justo después de los casi dos meses de paro, se notó en Barranquilla, y me imagino que en las demás ciudades, la falta de policía en las calles. Pienso que después del paro impulsado por Petro y la indebida y abusiva intromisión de las agencias de derechos humanos, la Policía se desmoralizó, debido a que como idiotas útiles muchos medios y políticos extremistas, criticaron excesiva e injustamente a ese cuerpo.
Desde hace largo tiempo, ningún gobierno ha invertido en la seguridad de las ciudades, ni en la justicia, incluyendo la falta de construcción de nuevas cárceles. Uribe invirtió en seguridad en el sector rural y contra los grupos armados ilegales; pero repito, nadie le ha puesto atención a estos dos asuntos tan importantes. La Policía requiere, no una reforma legal, ni nuevas leyes que finalmente nadie obedece; esta institución, necesita Gerencia, Administración y Gestión, no de un general de la policía, sino de un civil como existe en otros países, que entre otras cosas mejoren el reclutamiento y selección de los agentes, implementen planes de recursos humanos que los incentiven sanamente, organizando una gestión imparcial y objetiva de las promociones y ascensos; que sean entrenados en artes marciales para que se sepan defender de los pillos y no tengan que herirlos o asesinarlos, como respuesta a sus ataques y solo utilicen sus armas de fuego cuando peligre su vida; que haya adecuados planes de vivienda para los agentes; que reciban capacitación en el código de procedimiento penal.
Un segundo factor que influye en la inseguridad es el crecimiento desmesurado de los cultivos de coca, del tráfico de estas y otras sustancias ilegales y el crimen conexo con estas actividades, que en una forma u otra contribuye a incrementar la inseguridad. El uso del glifosato para asperjar esas siembras tiene muchos enemigos en las instituciones permeadas por la izquierda radical. Pero preguntamos, ¿es el glifosato el único herbicida que puede destruir esas plantas? Existen muchos otros matamalezas capaces de reemplazarlo y que no causan problemas a la salud de las personas, o al menos no ha habido pronunciamientos al respecto, ¿Por qué no utilizarlos?
En cuanto a la justicia, ésta también atraviesa por una crisis sin precedentes. He dicho en este periódico que “la fiebre no está en las sábanas”, refiriéndome a que la mayoría de la población de nuestra patria no ha sido formada en valores y principios morales, y si lo ha sido no los practican. Y que crear más leyes no va a servir de nada. No obstante se podrían realizar algunas reformas. Un gran error de nuestra rama judicial ha sido dejarse politizar y burocratizar, por ejemplo ya antes de la constitución del 91, teníamos varias Cortes, cuando realmente no se necesita sino una con sus correspondientes salas. Existían: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte o Consejo electoral; la constituyente de 1991 creó dos cortes más, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. La forma establecida en la Constitución para la elección de los magistrados de las altas Cortes permite la injerencia de los políticos y se les otorga a dichos altos tribunales facultades electorales. Esto es puro y clásico clientelismo, porque entonces, ¿cuál es el objeto de tener tantas Cortes? ¿Presumir ante el mundo que somos muy adelantados en derecho y en justicia? ¿Creernos los nuevos Montesquieu del siglo XXI?. Esta situación de tener cinco altas cortes, genera que con mucha frecuencia se produzcan choques entre ellas, que unas emitan sentencias y fallos en un sentido y otras lo hagan en forma contraria. El mejor ejemplo es lo que ha ocurrido con el gobernador del departamento de La Guajira, el Consejo Electoral lo despojó de la credencial y posteriormente el Consejo de Estado se la devolvió basándose en una tutela. ¿Cómo puede un país funcionar así?.
Las leyes, códigos y la justicia en general en nuestra patria, han sido históricamente indulgentes con los delincuentes, considerando que a los infractores de las leyes no se les debían imponer penas severas. Se dice que el novelista francés Víctor Hugo exclamó: “pero si esta es una constitución para ángeles”, después de leer la constitución de Rionegro de 1863.
El otro aspecto es el código de procedimiento penal, el cual según un abogado que consulté, está prácticamente diseñado para favorecer a los delincuentes, por las normas allí escritas que dificultan y obstaculizan la captura de los maleantes por las autoridades y que los jueces los puedan juzgar y castigar. Pero nos preguntamos entonces, ¿quién aprobó este código?, lógicamente el Congreso; porqué sus miembros no lo discutieron y modificaron? Quién presentó el proyecto de ley para reformar el código de procedimiento penal?, seguramente el gobierno de esa época. Porqué lo redactó y estructuró de esa manera? Estos son los cuestionamientos que deberían contestar tanto el Congreso como el gobierno de entonces. El gobierno actual debería responder: Por qué no ha hecho un estudio concienzudo del tema y ha redactado un proyecto de ley acorde con la realidad de esta nación, no con el país de ángeles, que muchos tontos creen que es Colombia. Además La acción de tutela ha sido utilizada de forma abusiva, de manera indebida, los abogados han aprovechado todas las fisuras que tienen las leyes para utilizarla con fines oscuros y políticos.
Por último, aquellos alcaldes, jueces y magistrados de extrema izquierda, que creen que con sus acciones encaminadas a proteger a los malandros, le están haciendo un daño al gobierno, están muy equivocados, no señores, le están haciendo un grave perjuicio a toda la sociedad, a ellos mismos y a sus propias familias.