Por Nelson Rodolfo Amaya
Es un hecho la localización en La Guajira de los principales proyectos de energía eólica que se harán en Colombia, coincidentes además con territorios de resguardos indígenas, propios de nuestra comunidad Wayúu.
Así que el buen desarrollo de estos proyectos, importantes para el involucramiento del país en las Energías Renovables No Convencionales-ERNC-, pasa necesariamente por el acuerdo con dichas comunidades sobre los beneficios que obtendrían como socios necesarios para la generación e interconexión de los varios de miles de megavatios Wayúus.
Vale la pena observar en detalle la relación de generación energética versus el bienestar de las comunidades involucradas, como dos caras de la misma moneda. Aun cuando los proyectos de gran impacto nacional suelen medirse por sus beneficios para todo el país, no se pueden desprender de la relación indisoluble y permanente que guardan con el territorio dentro del cual se realizan, máxime cuando éste se encuentra habitado por personas cuyas necesidades has sido secularmente desatendidas por los gobiernos, como es el caso de los Wayúu. No hay duda de que la inversión en capital es gigantesca, calculada en COP$10 billones en 16 proyectos para sumar 2.000 megavatios a los 17.000 con los que cuenta el país actualmente. Es decir, la contribución adicional de JOUTAI, el viento wayúu, es del 11% a nuestra canasta nacional. Esta es una cara de la moneda, la de la inversión para la acumulación de capital energético nacional, con su consecuente impacto en abaratamiento de las tarifas eléctricas-ojalá- y mejoramiento de nuestro sano portafolio de generación.
Al mirar la otra cara, tenemos entonces que hacer el ejercicio de cuánto sería lo que el gobierno nacional debiera invertir para que ese equivalente económico se tradujera en una compensación social a los Wayúu, entendida ésta bajo las premisas de su propia visión del bienestar, repleta de principios más allá de los criterios materiales de abundancia y prosperidad. Haber permanecido en un territorio árido, deteriorado por el paso de los años, la erosión y la actividad humana, es una demostración de estoicismo, de fortaleza y de carácter.
Agua, lo que no sólo es proveerla, sino crear la cultura de su manejo, que no existe, porque mal puede uno saber manejar algo de lo que carece, es la verdadera revolución para este territorio. Se trata de que su flujo ayude en el manejo de la salud desde el punto de vista de evitar las enfermedades gastrointestinales, en programas de nutrición, y en proyectos de impulso a la capacidad productiva que siempre han tenido los Wayúu, son algunas de las tareas indispensables que deben acometerse de inmediato.
El mandato impuesto al estado colombiano por la sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017 exigió una política pública reflejada en un programa permanente, sostenible en el largo plazo, que asuma la atención de los derechos fundamentales de agua, salud y alimentación a los indígenas wayúu en su medio y sin romper sus principios culturales. Hace ya cuatro años, cuatro tristes años de inacción y parsimoniosa indiferencia con ellos. No se trata de programas asistenciales, por el contrario, se fundamentan estas obligaciones en el fortalecimiento de las formas de producción con las cuales ha sobrevivido el wayúu por tantos siglos.
Es un deber nacional, más que un simple acto de generosidad. Es un mandato judicial, mas que un gesto de caridad. Pero su atención debe estar en la estructura del estado, por cuanto sigue pasando el tiempo y seguimos corriendo el riesgo de afectación grave a la subsistencia misma del wayúu si no se determina un mecanismo integral de administración, con sus procesos de integración en las distintas escalas de la organización del gobierno y de convocatoria a todos los involucrados en el aprovechamiento de un territorio de nítida propiedad indígena.
El momento es ahora, ya que inician los procesos de construcción y posterior operación de la más grande inversión en La Guajira de este siglo. El momento es ya, por cuanto debe existir un compromiso de los aspirantes a la presidencia de Colombia para el 2022, al igual que al Congreso, de consolidar estos esfuerzos mancomunados con todos los actores del viento energético, para que la visión del problema se comparta y su atención no se vea menguada por inmediatismos que buscan resolver meros problemas de hoy, sin comprometerse con los de mañana.
Podemos esperar que los wayúu vivan del aire, sí, se puede. Pero en el marco de un proceso de realidades y compromisos verificables y duraderos. Es urgente.