Por Juan Manuel Galán
Destruir el acuerdo de paz fue un objetivo político de Iván Duque, del Centro Democrático y de Álvaro Uribe. La reciente carta-diatriba de Uribe contra el acuerdo confirma que la obsesión era y es acabar con la paz en Colombia a toda costa. El presidente Duque no hizo sino obedecer.
Pareciera que para la derecha radical no existe un mejor escenario político que el de la guerra y el de una Colombia radicalizada y enfrentada contra sí misma.
Al Acuerdo de Paz, deliberadamente, se le pusieron zancadillas y trabas, a pesar de que se diga ahora que el Gobierno cumplió con los acuerdos. Más bien lo que ocurrió es que el uribismo no pudo hacer trizas la paz porque los acuerdos estaban constitucionalmente blindados. Sin embargo, esa actitud contra los acuerdos, contra la restitución de las víctimas, contra la JEP, contra la Comisión de la Verdad afectaron, desaceleraron y complicaron la paz. Pero gracias a las Naciones Unidas, a las Cortes, a los veedores, a los congresistas amigos de la paz, a las víctimas y a las organizaciones sociales, se pudo moderar ese empeño destructivo. Por eso, hoy, a pesar de toda la munición que el Gobierno y sus aliados descargaron como aviones de guerra, los acuerdos siguen vivos y eso, cuando celebramos un aniversario más de la firma de estos, es motivo de inmensa alegría para el país.
Ahora, a pesar del cinismo de los enemigos de la paz, lo que nos corresponde es seguir adelante en el camino de la reconciliación. Por eso, el diálogo debe ser nuestra herramienta más eficaz para terminar la guerra.
Recurriremos al diálogo en los escenarios en que haya voluntad. Al mismo tiempo las fuerzas armadas tendrán las capacidades necesarias para disuadir a las organizaciones armadas de continuar por esa vía. Para inducir a las guerrillas que se resistan al diálogo o para derrotarlas militarmente, se necesitan dos cosas fundamentales: primero, que la Fuerza Pública haga la paz con las comunidades, que hagan la paz con la gente en las zonas de conflicto, defendiendo primero sus derechos y su vida; la segunda, sacar de la ilegalidad a cientos de miles de campesinos forzados a enfrentarse con el Estado por una visión represiva y prohibicionista de la actual guerra contra las drogas.
Los acuerdos de paz son una hoja de ruta inexorable para el país, para la institucionalidad. Defenderemos integralmente ese camino de consolidación de los acuerdos. En mi gobierno no le haremos fintas a los compromisos. Vamos a recuperar el tiempo perdido en la construcción de la paz. Nuestra política social y de presencia de la institucionalidad en todo el territorio irá de la mano con los Acuerdos y no seguiremos condenando a Colombia a la fractura social que los amigos de la guerra quieren perpetuar.