Se necesita una mejor ejecución presupuestal para contribuir a la aceleración de la economía.

Por José Antonio Ocampo

Los temas fiscales están ocupando un papel central en los debates económicos del país por varias razones. La primera es la necesidad de una mejor ejecución presupuestal para contribuir a la aceleración de la economía, dado el crecimiento casi nulo que tuvo el país en el segundo trimestre. La segunda es el inicio del debate del presupuesto de 2024 en el Congreso de la República y las críticas que ha recibido del Comité de la Regla Fiscal y de algunos congresistas. La tercera es la percepción del Presidente y del ministro de Hacienda de que la deuda y su servicio son demasiado altos.

He contribuido a señalar la importancia del primero de estos temas. En efecto, la ejecución presupuestal de la inversión pública ha sido baja, y su mejoría en sectores como el transporte, la vivienda social y el agropecuario contribuiría a la reactivación. El propio Presidente ha señalado que este es un problema central del gobierno.

Por su parte, el debate del presupuesto ha puesto sobre la mesa dos problemas. El primero es que la mejoría en el balance primario del Gobierno (es decir, sin servicio de la deuda) será menor en 2024 de la que se preveía hace algunos meses. Por otra parte, el presupuesto prevé un crecimiento muy fuerte del gasto primario: un aumento del 18 % sin las contribuciones a la estabilización de precios de combustibles. Esto equivale a poco más de dos puntos del producto interno bruto.

El segundo, señalado por el Comité de la Regla Fiscal, es que los ingresos previstos incluyen estimaciones elevadas de la gestión de la Dian y de los ingresos del Gobierno por éxitos en los arbitramentos de litigios, y que estos ingresos son temporales y no deben financiar, por lo tanto, gastos permanentes. Por el lado positivo puede decirse que la Dian tiene mejores instrumentos para la lucha contra la evasión, gracias a la reforma tributaria del año pasado, y que estos, al igual que los de litigios, pueden ser relativamente estables, aunque el ‘Marco fiscal’ los estima como decrecientes.

Por el lado de la deuda hay noticias positivas y negativas. Los intereses pagados aumentan un 10 %, un monto que no es muy elevado e incluye un efecto de la inflación sobre las tasas de interés nominales, que se compensa con otros factores. Las amortizaciones aumentan en mayor proporción, en parte por algunas decisiones erróneas del pasado, entre ellas la de haber usado la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional en diciembre del 2020, que da lugar a pagos importantes en 2024 y 2025. Somos el único país que lo ha hecho.

Por otra parte, la revaluación del peso ha reducido la deuda externa como proporción del producto interno bruto. Además, las tasas de interés de los TES han bajado sustancialmente y se encuentran un punto y medio porcentual por debajo de las de inicios del Gobierno, en contra del aumento general de dichas tasas en la economía. No ha ocurrido lo mismo con las de deuda externa, debido a la pérdida de grado de inversión que tuvo el país en 2021 y a los aumentos de las tasas de Estados Unidos.

La deuda neta del Gobierno va a bajar del 57,9 % del producto interno bruto en 2022 al 55,8 % en 2023, pero se elevaría al 56,9 % en 2024. En términos históricos sigue siendo muy alta y está ciertamente muy por encima de los niveles previos a la pandemia.

La ejecución del gasto público debe ser un tema central de la política. Sin embargo, dados los altos niveles del déficit del Gobierno y de la deuda pública, el aumento del gasto primario debe reducirse en el debate presupuestal. Y debe debatirse en el Congreso si las estimaciones de gestión de la Dian y de los ingresos por arbitramento de litigios son demasiado optimistas y su uso para gastos permanentes inconsistente con la regla fiscal. Atendiendo estos ajustes, el Gobierno podría lograr un balance positivo entre mayor inversión pública para la reactivación y señales claras de sostenibilidad fiscal.