El Ministerio de Educación Nacional, las entidades adscritas y vinculadas y el Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) suscribieron un Pacto de Transparencia e Integridad con la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, para seguir avanzando en el cuidado de los recursos de la educación y seguir adelante con la implementación de buenas prácticas para la prevención de la corrupción.
Como resultado del esfuerzo mancomunado de estos primeros dos años entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, el Sector Educación ha tenido avances importantes en temas en los que el país demanda total transparencia como el Programa de Alimentación Escolar, que, con la creación de la Unidad Especial de Alimentación y con los desarrollos normativos que están en curso, contará con herramientas técnicas, jurídicas y de seguimiento a la contratación del servicio en las regiones.
También se registran nuevos mecanismos para que la ciudadanía haga seguimiento al estado de las 541 obras de infraestructura educativa que se adelantan en el país y de los 668 mejoramientos rurales en Instituciones Educativas oficiales, a través del Fondo para el Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) y el Ministerio de Educación.
El propósito de este Pacto es promover la confianza y la credibilidad del sector y la mejora continua en los servicios educativos a partir de la adopción de buenas prácticas, sentando un precedente en el fomento de la cultura de la legalidad, y fortaleciendo el trabajo en equipo de las instituciones del Gobierno Nacional y los entes territoriales para prevenir los riesgos de corrupción y las prácticas indebidas o contrarias a la ética y valores institucionales.
Durante la firma, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró que “tenemos que lograr que hoy, mañana y siempre cada peso del erario público, que vaya al sector de la educación, beneficie la formación de los niños y de los jóvenes. Este es el momento para llevar a cabo transformaciones profundas, que perduren, y entre ellas está la transformación de las instituciones. El interés superior es por darles a nuestros niños la oportunidad de tener un mejor país, el que merecen”.
Con relación al índice de transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2020), en el que el 90% de las entidades del sector alcanzaron un nivel igual o superior a 90% en la auditoría que hace la Procuraduría General de la Nación, la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, señaló que “para la sostenibilidad de los logros ya conquistados, necesitamos que siga creciendo el número de entidades que hacen uso de las plataformas de Colombia Compra Eficiente, para la adquisición de todos sus bienes y servicios, y el número de servidores que publican su declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. Ese es el propósito de incluir estos dos temas en el pacto. Al respecto, la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, manifestó que “para la sostenibilidad de los logros ya conquistados, necesitamos que siga creciendo el número de entidades que hacen uso de las plataformas de Colombia Compra Eficiente, para la adquisición de todos sus bienes y servicios, y el número de servidores que publican su declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019”.
Por su parte, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, agradeció el apoyo técnico que viene recibiendo de la Vicepresidencia y de la Secretaría de Transparencia y señaló que uno de sus objetivos es que el Ministerio implemente y certifique el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma Internacional Antisoborno ISO 37001, para lo cual ya está trazada la hoja de ruta.
El pacto incluye medidas como la creación y fortalecimiento de canales antifraude, la adopción de sistemas y procedimientos para el control y prevención sistemático de la corrupción; la incorporación de las buenas prácticas de la Norma Internacional Antisoborno en los Sistemas Integrados de Gestión de las Entidades y la implementación del sistema de alertas “banderas rojas”, como buena práctica internacional para la prevención del soborno, entre otros.
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