La entidad inicia proceso para conjurar protestas y tomas por operadores de programas de primera instancia. Habrá denuncias contra quienes desatiendan a los niños.

El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira, Rodrigo Elías Daza, anunció denuncias contra quienes, utilizando las vías de hecho, vulneren la atención de los niños de los distintos programas de la entidad.

Luego de varias protestas y bloqueos a vías y a la sede principal de la institución en Riohacha, el ICBF ha iniciado un proceso de acompañamiento para los operadores de los distintos programas, que aún no se familiarizan con los mecanismos para el pago de las obligaciones con quienes atienden a las familias en La Guajira y en consecuencia, protagonizan jornadas de protesta para alcanzar este pago.

“El ICBF en las administraciones anteriores estaba cerrado al diálogo en las comunidades wayuu y en esta administración lo hemos abierto totalmente en todo el departamento”, señaló el director al recalcar que este diálogo se realizó con todas las comunidades étnicas, en sus territorios y bajo sus principios, usos y costumbres.

Las protestas que no solo obstaculizan la labor del ICBF sino también han causado desatención en la población infantil y las familias beneficiadas con programas de Bienestar, en distintas modalidades, se han recrudecido en los últimos meses. Solo en una semana, se han registrado 10 protestas, a veces dos por día, según datos del ICBF.

Para el director regional es una situación injustificable, dado que “en virtud de la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional hemos implementado un pilotaje para las comunidades de los municipios cobijados por la sentencia, pero también hemos triplicado la inversión y la atención en toda La Guajira”.

“En inversión, en 2023 se ejecutaban recursos por 300 mil millones de pesos aproximadamente. En este 2024 ya estamos cerca de 1 billón de pesos en programas que tienen como único objetivo salvar vidas”, destacó.

Señala que, si es necesario, y, a título personal, podría llegar a presentar denuncias con los manifestantes que vulneren los derechos de los niños. “Es que la gran pregunta que nos hacemos es: mientras se toman una vía o la sede regional, ¿dónde están los niños?”.

El director regional del ICBF enfatizó que, luego de un análisis de estas manifestaciones, la mayoría de ellas tienen como tema de reclamo, el pago de recursos a los operadores. A veces los mismos operadores, a veces el personal a cargo.

“El ICBF es una de las pocas entidades del Estado que está certificado con las normas ISO. Tenemos unos procesos claros. Estamos contando en esta oportunidad con operadores nuevos, del territorio, volvimos a tener operadores del territorio y, la falta de conocimiento de los procesos, originan expectativas y errores en la presentación de las facturas y el consiguiente pago de las obligaciones”, explicó.

Además de enfatizar en la apertura del diálogo de la entidad, el director regional del ICBF, aseguró que se incrementarán las labores de acompañamiento para la radicación y cobro de las facturas. Ya se expidieron dos memorandos para llegar a las comunidades, a los mismos operadores, para que estas manifestaciones no sigan perturbando los derechos de los beneficiados ni de la ciudadanía en general”, aseguró.

Durante esta vigencia, el ICBF ha fortalecido no solo la inversión en programas. A juicio de Daza Vega, se han contratado 55 nuevos funcionarios de apoyo financiero para el trámite de las cuentas y 16 nuevos defensores para el área de protección.

Hoy La Guajira cuenta con cerca de 300 operadores que atienden a más de 60 mil familias, a quienes llegan los beneficios de la entidad estatal.