No hay presupuestos específicos para solucionar los problemas que evidencia la Sentencia T-302.
Los auditores de la Contraloría General de la República han evidenciado que las entidades no asignaron un presupuesto específico para el cumplimiento de la sentencia durante las vigencias que se están auditando, pero de acuerdo con la misionalidad de cada una de ellas y sus competencias, han invertido recursos por aproximadamente $2.1 billones de pesos en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.
De igual manera, en forma articulada con la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República ha realizado mesas de trabajo interinstitucionales para dar información conjunta sobre las actividades realizadas por los diferentes órganos de control en virtud de la sentencia T-302 de 2017, información que fue allegada a la Corte Constitucional el pasado 23 de junio de 2023.
Seguimiento Permanente a recursos del “Plan de Choque”
Adicional a lo anterior, comenzando el presente año, exactamente el día 17 de enero del 2023, el Contralor General de la República en visita realizada al Departamento de La Guajira, divulgó el Boletín denominado “La deuda del Estado Colombiano con la Niñez de los Grupos Étnicos”, y adquirió el compromiso de adelantar un Seguimiento Permanente sobre los recursos públicos destinados a la ejecución del “Plan de Choque” vigencia 2023, propuesto por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos individuales y colectivos de la población infantil sujeta a enfoque diferencial en dicho ente territorial. Esta actividad fue encomendada a la Contraloría Delegada para Población Focalizada.
El objeto del seguimiento permanente consiste en verificar, que, dentro de los planes de acción ejecutados por las diferentes entidades ejecutoras del “Plan de Choque”, hayan incluido actividades encaminadas al cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el Estado en materia de alimentación, agua potable, salud, registro poblacional y saneamiento básico, entre otros aspectos.
Además de realizar “Seguimiento al cumplimiento de las ordenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017” y el “Plan de Choque”, la CGR busca verificar que las acciones realizadas por cada una de las entidades intervinientes hayan sido efectivas e impacten de manera positiva a la comunidad.