Por Jorge Sprockel Mendoza
A pesar que el Estado ha implementado normas y utilizado todo tipo de herramientas para luchar contra los tentáculos de la corrupción, como la expedición del Estatuto de Seguridad, para combatir el narcotráfico el expresidente JULIO CESAR TURBAY AYALA (1978-1982) planteó la indigna e indecorosa formula de solución a la corrupción a manera de cortina de humo “tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”; expresión cínica y por demás complaciente acuñada que oficializó los zarpazos económicos, que desde entonces se incrementó no en proporción aritmética sino geométrica. Frase desproporcionada que el mandatario de turno lanzó sin tener en cuenta que la corrupción amenaza el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, socavando la buena gobernanza, la imparcialidad y la justicia social, distorsiona la competitividad, obstaculiza el desarrollo económico, y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y la base moral de la sociedad. La fórmula del Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico) para aumentar la transparencia, las leyes de acceso para la información pública en el 2014 y reducción de trámites en el 2012; nada ha impedido que los gobernantes y dirigentes se enriquezcan ilícitamente, cuyos delitos en la mayoría de las veces quedan impunes.
El expresidente Iván Duque Márquez, tuvo la genialidad de crear la tan cacareada RITA (Red Interadministrativa de Transparencia y Anticorrupción) que pretendiendo embaucar a la opinión pública la ha publicitado con los eslóganes “Nace para cerrar el camino a los corruptos” o “Es cero tolerancia a la corrupción”. De nada sirven las acciones, por la permisibilidad de los órganos que deben ejercer el control y vigilancia llámense Contraloría, Procuraduría, Auditoría y Fiscalía General de la Nación; así como sin resultado alguno opera el tan publicitado Estatuto Anticorrupción.
Este nuevo organismo burocrático, para pagar otro favor electoral, es una afrenta abierta a los ya existentes como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía por su inoperancia e ineficiencia. El 24 de abril se institucionalizó el “Día Mundial Contra la Corrupción”, y que vergüenza, Colombia en el año 2021 ocupó el primer puesto, ya que ha hecho catarsis en las tres ramas del Poder Público, la economía y la sociedad. Bajo el manto de la impunidad se han y siguen cometiendo atroces crímenes de saqueo al tesoro público.
Pero rasguémonos las vestiduras, sin lugar a equivoco, todo este acelerado proceso de corruptela tiene su origen: la Constitución de 1991 emanada de la elegida Asamblea Constituyente; la norma de normas más extensa del mundo: 380 artículos, 70 disposiciones transitorias y más de 30 reformas.
Este tema del trabajo solo pretende reflejar el desarrollo del Programa de Estudios sobre Reconfiguración Cooptada del Estado, adelantado por la Fundación Vortex durante las últimas dos décadas. Las evidencias acumuladas en diferentes investigaciones en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, avaladas por la fundación en referencia; muestran cómo redes de criminalidad compleja suelen superar las capacidades de investigación y persecución penal de fiscalías y jueces, no solo por sus dimensiones y alcances institucionales, sino también porque van quedando obsoletos diversos conceptos y metodologías tradicionales usadas para los sistemas judiciales. Por este motivo, es urgente dotar a analistas, investigadores judiciales, fiscales y jueces, periodistas y amplios segmentos de la opinión pública con los enfoques analíticos, conceptos, métodos y herramientas tecnológicas necesarias para comprender la magnitud y complejidad de las estructuras criminales, como las de macro – corrupción que moldean instituciones en varios países latinoamericanos, siendo Colombia uno de ellos. (Continúa).