La Alcaldía debe suspender toda diligencia de desalojo en más de 15 comunidades indígenas.

A través de una comunicación la Agencia Nacional de Tierras instó a la Alcaldía de Riohacha a suspender todo tipo de diligencia judicial con el fin de desalojar a comunidades indígenas que, previamente habían sido cobijadas con una decisión de la Corte Constitucional, a través de una sentencia del año 2017.

En la comunicación la ANT se ampara en la decisión de la Alta Corte de buscar mecanismos de verificación de propiedad y ancestralidad de las comunidades indígenas, 15 en total, que se encuentran ubicadas, algunas en la vía que de la cabecera del Distrito conducen hacia la ciudad de Santa Marta y otras, como Santa Lucía, desalojada recientemente, en la vía que conduce a Valledupar.

La Agencia Nacional de Tierras hace la salvedad que se acoge a la decisión de la Corte, recordándole a la Administración Distrital y a sus inspectores de Policía, lo establecido en el artículo tercero de la Sentencia T-556 de 2017 que señala lo siguiente: “Ordenar: A la Alcaldía de Riohacha y a los inspectores de policía de esa ciudad que suspenda la realización de actuaciones y procesos de desalojo que actualmente se encuentren en curso en contra de las comunidades accionantes hasta tanto se tenga claridad sobre la titularidad de los bienes en disputa”.

En virtud de lo anterior la Agencia Nacional de Tierras, en la comunicación firmada por  el subdirector de procesos agrarios y gestión pública, Ricardo Arturo Romero Cabezas, exhorta a la Administración Distrital a suspender cualquier tipo de diligencia administrativa y policial de desalojo ordenada contra personas indeterminadas pertenecientes a la comunidad indígena wayuu que guarden relación sobre la espacialidad del predio denominado Santa Lucía, desalojado a finales del mes de abril, en medio de una protesta ciudadana de los ocupantes del mismo.

La Agencia Nacional de Tierras señala que, si bien desconoce la totalidad de los nombres de las comunidades accionadas, actualmente se adelanta un proceso de gestión de información para establecer la ubicación exacta y denominación tradicional y legal de cada uno de los predios cobijados con la Sentencia de la Corte Constitucional.