“Aún permanecen embalsadas 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras las 18 mil hectáreas que se prevé irrigar y 9 de los 15 municipios del departamento que esperan contar con esta fuente de captación de sus acueductos, siguen a la espera de la ejecución de la segunda fase de este proyecto sin ver solución a la vista”.

Por Amylkar Acosta Medina

El proyecto multipropósito del Ranchería sigue siendo el mayor elefante blanco del país, según lo ha podido establecer la Contraloría General de la República en cabeza de su actual titular Carlos Felipe Córdoba. Como antecedente, es preciso recordar que en mayo de 2018 el entonces Contralor Edgardo Maya “pudo evidenciar que el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”, que fue lo que se logró en 2010 cuando se concluyó la presa.
Desde entonces allí permanecen embalsadas 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras las 18 mil hectáreas que se prevé irrigar y 9 de los 15 municipios del departamento que esperan contar con esta fuente de captación de sus acueductos, siguen a la espera de la ejecución de la segunda fase de este proyecto sin ver solución a la vista.

Esta fue la motivación que tuvo el ex contralor Maya para ordenar una Audi-toría a este proyecto, la cual arrojó ha-llazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial del orden de los $$637.000 millones, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”.

De nada ha servido que en forma reiterada, desde la expedición del documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, se ha declarado este proyecto como de importancia estratégica y por ello mismo de alta prioridad para el Mi-nisterio de agricultura. Incluso en el documento CONPES 3926 del 23 de mayo de 2018 se estableció como “línea de acción 3.4” la culminación de obras de este proyecto. Es flagrante el desacato de la providencia del Tribunal Contencioso Administrativo de La guajira fechada el 4 de marzo de 2020 en la cual le ordenó a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) su cumplimiento sin más dilaciones.

En virtud de la Ley 2020 de 2020 “por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales” que proliferan en todo el país se delegó a la Contraloría General inventariarlas y la de la Represa del Ranchería fue de las primeras en dicho registro. Y en ejercicio de sus funciones y competencias el Contralor Córdoba le ha puesto la lupa a este proyecto y viene emplazando a la ADR y a la propia Presidencia de la República para que ponga en marcha la segunda fase de este proyecto hasta su culminación.

En los dos cuatrienios del Presidente Santos a duras penas se avanzó en la actualización de los estudios de la segunda fase del proyecto y la estructura-ción a la Alianza público – privada (APP) través del FONADE, que contrató para el efecto al consorcio WSP – BONUS (Banca de inversión), gracias a nuestra gestión desde el Ministerio de Minas y Energía y posteriormente como Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y en la expedición del documento CONPES ya mencionado. Dicho consorcio hizo entrega de su trabajo en agosto de 2015.

El Presidente Iván Duque, igual que sus antecesores llegó a la Casa de Nariño con el compromiso con La Guajira de que “ahora sí” la conclusión del proyecto Ranchería sería una realidad, concluye su mandato sin ningún avance del mismo. El gran anuncio que se hizo por parte de la Presidenta de la ADR Ana Cristina Moreno fue la firma el 16

de marzo del año anterior del inicio de la actualización, una nueva actualización y diseños del Distrito de riego, por valor de $3.900 millones, con el cual, según se dijo “el Gobierno Nacional empieza a cumplir con La Guajira para hacer reali-dad un sueño aplazado por años, como es la puesta en operación de la represa”. De esta manera el tema quedó “chulea-do” para este gobierno y a esperar el entrante.

Huelga decir que en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 quedó incluida la ejecución de la segunda fase de este proyecto, la cual no podía limitarse a la tardía e innecesaria “actualización” de los estudios y la “estructuración” de la APP para su ejecución porque, como lo anotamos anteriormente, ya se había adelantado en la administración Santos.

Concluyó la doctora Ana Cristina diciendo que “se trataría de una Alianza Público Privada, la idea es que podamos hacer uso de ese instrumento similar, y que en el momento que ya tengamos avanzada esa actualización de estudios y diseños, contemos con el resultado de la Financiera de Desarrollo Nacional de como es el esquema transaccional que permita definir la contratación e iniciar la construcción”. Según ella, a la vuelta de un año contado a partir de la firma del contrato, adjudicado a través de FINDETER, se estaría entregando la nueva actualización de los estudios y diseños.

De modo que, una vez más, la dirigencia de La Guajira, encabezada por el señor Gobernador Nemesio Roys, con el apoyo de la Asamblea departamental, los alcaldes de los 15 municipios del Departamento, las organizaciones cívicas, gremiales y sociales y desde luego la bancada guajira en el Congreso de la República que se instalará el próximo 20 de julio, debe aunar esfuerzos para demandar de la próxima administración el cumplimiento de este sueño largamente acariciado por La Guajira y los guajiros. Que así sea!