Con una carta del presidente Gustavo Petro, terminó la suspensión de la Procuraduría contra José Ramiro Bermúdez Cotes, alcalde Distrital.

Lo que se ha calificado como un choque de trenes entre la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República, tiene en el centro de la polémica al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, quien por decisión del presidente volvió a su cargo.

Bermúdez Cotes había sido apartado del cargo a través de una suspensión emitida desde la Procuraduría General de la Nación, que lo investiga por presuntas irregularidades en el contrato de concesión suscrito con la empresa Aqualia, según la Procuraduría, sin el lleno de los requisitos.

A escasos días de cumplirse los tres meses de suspensión, el presidente de la República, en una carta al Ministerio Público, señaló que no acataría la decisión de la Procuraduría, y, en consecuencia, no nombraría un alcalde encargado para definir la vacancia temporal en el primer cargo de elección popular en Riohacha.

Fue así como el primer mandatario envió una carta de 24 páginas a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en la que le notificó que se “desatenderá” una petición de destitución contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Emilio Bermúdez.

La carta de Petro a la procuradora Cabello señala que “la orden de la autoridad administrativa disciplinaria, (es decir, la Procuraduría) dispuesta en los Autos referenciados y soportada bajo la figura de medida cautelar, contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente, según lo dispuesto en el artículo 23 No 1 de la Convención ADH, nada menos, el de quedar impedido por la orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo”.

El documento añade que la “medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, perteneciente a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso administrativo disciplinario de naturaleza sancionatoria”.

El retorno del alcalde

Simultáneamente a su carta a la Procuradora, Petro envió una carta a la alcaldía de Riohacha, notificando su decisión sobre la suspensión, y el alcalde titular, retornó al cargo.

Al respecto, el alcalde distrital de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, informó a la ciudadanía a través de un comunicado lo siguiente: “Teniendo en cuenta el Control de Convencionalidad ejercido por nuestro Presidente Gustavo Petro, a través del oficio dirigido a la Procuradora General de la Nación el día 25 de julio de 2023, a las 3:35 de la tarde y recibido bajo el radicado E-2023-472696, refiriéndose a la medida cautelar de suspensión de mi cargo como alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, me permito informar que:

Con mi acostumbrado respeto a las normas constitucionales y a los organismos de control, como también al acto proferido desde el pasado 26 de abril por la procuraduría delegada que ordenó mi suspensión como alcalde de Riohacha, me aparté del cargo, cumpliendo con el tiempo de suspensión. 

Atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones como alcalde electo del Distrito de Riohacha”, expone el documento firmado por el mandatario.

Prórroga de la suspensión

En las primeras horas de la mañana de ayer, la procuradora Margarita Cabello se pronunció en contravía de las consideraciones del presidente, a quien acusó de “desconocer el Estado Social de Derecho”, con su posición sobre la situación del alcalde de Riohacha.

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

El pasado 26 de abril, el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, medida cautelar que fue enviada en consulta a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, instancia que confirmó la decisión adoptada. 

El Ministerio Público consideró que se cumplen los requisitos para prorrogar por otros tres meses a Bermúdez Cotes, ya que su permanencia en el cargo podría posibilitar la reiteración de la falta, pues “mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”.

El órgano de control agregó que hasta el momento no se han aportado elementos probatorios “que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”.   

Las obras objeto de la investigación disciplinaria fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con un presupuesto superior a los 11 mil millones de pesos. 

La prórroga fue proferida el 26 de julio, fecha en la que se venció la suspensión provisional impuesta en abril pasado al mandatario local. 

Reacciones

El Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, recordó este jueves que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que sólo un juez tiene la facultad de privar de derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente y que dicha norma prevalece sobre la legislación interna.

“La comunicación que le envió el presidente de la República a la Procuradora General de la Nación (Margarita Cabello) ejerce, de oficio, control de convencionalidad, sobre una comunicación que –a su vez– ella le había remitido al Gobierno Nacional”, señaló el funcionario.

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del presidente aplicar en cualquier acto todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención americana”, señaló.

Osuna, que declaró desde la Casa de Nariño, recordó que dicha Convención “establece que sólo, es mediante la decisión de un juez competente -en un proceso penal- como se puede privar de derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente”.

“Colombia no es una isla, y leyes como las de la Convención Americana forman parte del derecho interno colombiano. La Procuraduría General tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana su atribución se constriñe a la vigilancia en los casos de los funcionarios elegidos popularmente”, puntualizó.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, señaló que es respetuoso de los organismos de control. “Es una investigación que inicia, no se ha comprobado actos de corrupción”, señaló, al tiempo que aseguró que está atendiendo los requerimientos de la Procuraduría y enfatizó que no ha recibido requerimiento alguno por parte de ninguna otra entidad de control disciplinario, fiscal o penal.