Defensoría del Pueblo tramita acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Riohacha y otras instituciones.
Por Kelia Palacio
Más de mil casos de violencia de género se han reportado en La Guajira durante el último año. Así lo demuestran los reportes preliminares que consolida la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, que con una serie de actividades conmemoró los 16 días de activismo contra la violencia de género.
La defensora del Pueblo regional Guajira, Soraya Escobar Arregocés, señala que este tema es uno de los que más atención merece por parte de los gobiernos tanto departamental como municipales, debido a que cada día se registran más casos de violencia contra las mujeres, las niñas y la población LGBTIQ+.
Durante tres años, la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil han insistido en una serie de factores que inciden para que esta problemática aumente.
Uno de estos factores es la carencia de un hogar de paso donde puedan acudir las mujeres que son violentadas en el seno de sus hogares. “No es posible que la mujer víctima de violencia tenga que retornar al lado de su agresor luego de un evento tan traumático y de interponer una denuncia”, señala la defensora.
Con este argumento, la funcionaria señala que la Gobernación y las alcaldías, principalmente la de Riohacha, se han quedado en palabras en la construcción de un hogar de paso para estas mujeres.
Por eso, durante la tercera batucada para conmemorar los 16 días de activismo, las mujeres participantes hicieron dos exigencias básicas: que se construya el hogar de paso en Riohacha y que la Gobernación y cada secretaría municipal o distrital eleven a Secretaría las oficinas y direcciones que tienen a cargo el tema de mujer.
Revictimización judicial
Otro de los aspectos sobre los cuales hacen incapié quienes defienden la lucha contra la violencia de género es el tema judicial.
“Para nosotras es más difícil ir a denunciar que aguantar los golpes”, aseguró una de las mujeres participantes en la batucada. Describe que en varias oportunidades ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. Ha interpuesto dos denuncias, pero el caso siempre es tratado como un tema de lesiones personales, le dicen los funcionarios judiciales que trate de arreglar las cosas.
Pero este es un caso y una conducta, de las tantas que asume la administración de justicia, en cuanto a la violencia de género se refiere.
Capítulo especial merecen los feminicidios ocurridos en Riohacha y otros municipios, en los que los agresores han sido capturados y algunos ya han salido de prisión o están a punto de salir por la figura de vencimiento de términos.
Para Anyelis Cotes Ballestas, hermana de Luzdary Cotes Ballestas asesinada por un oficial activo de la Policía hace casi tres años, la justicia se ha quedado corta en la judicialización del responsable.
Asegura que ninguno de los abogados que ha delegado para resarcir el crimen de su hermana, madre de una niña, asesinada por su compañero sentimental, ha sido capaz de lidiar con una serie de trabas judiciales y se aproxima una audiencia en la que el hombre podría salir por vencimiento de términos.
Al respecto, la Fiscalía General Seccional Guajira, durante el recorrido de la batucada, destacó a través de la funcionaria Angela Pérez, que, si bien se reconoce una serie de errores, la institución cuenta con fiscales especiales para atender las denuncias e investigar a fondo los casos para llevar a la cárcel a los agresores de las mujeres en La Guajira.
Posibles soluciones
La Defensoría del Pueblo prepara una acción de cumplimiento contra varias entidades del Estado, para que se construya la casa de paso, primer peldaño para proteger a las mujeres víctimas de la violencia.
Entre tanto, la denuncia ante los organismos de seguridad, sigue siendo la alternativa más concreta para iniciar un proceso que conduzca a la responsabilidad penal y social de quienes atentan contra la mujer en sus entornos familiares y laborales.