Por María Jimena Duzán
Una protesta contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque en Bogotá, el pasado mes de abril. Carlos Ortega (EFE) Hace un tiempo en Colombia un ambiente preelectoral no era tan pesado, tan pesado y tan cargado de malos augurios. Y todo porque muchos colombianos tienen la sensación de que se avecina un jodido rollo en el Elecciones 2022. Si nos atenemos a las urnas, todo apunta a que estas elecciones se van a convertir en un plebiscito no solo contra el uribismo sino contra los clanes mafiosos que han cogobernado a gusto este país.
Es decir, por primera vez mafiocracia que nos ha mandado por mucho tiempo, el mismo que se ha apoderado de los órganos de control, los ministerios, las cuotas de poder, el que pone presidentes y fiscales mientras nos quita honores, el que nos dice cómo hablar y qué preguntar, que mafiocracia Corrompida e impune, siente que corre el riesgo de ser destituida del poder.
Las mafias, por su naturaleza, nunca están dispuestas a ceder un ápice de su poder y este que nos llevó a Colombia con la ayuda de tantos en el establishment, menos aceptará ser desplazada por unos políticos malolientes y alternativos que creen en la reforma agraria.
Ese tamaño es la pelea que se dará en las urnas en las próximas elecciones. Los mafiocracia, quien se instaló en Colombia tiene un poder que hasta Pablo Escobar envidiaría. No solo han logrado lavar sin mayor problema sus fortunas mal habidas, sino que hoy han cedido ministerios y cuotas de poder a su cargo. Su gran poder se debe al hecho de que se han apoderado de los perros guardianes.
Controlan la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Contraloría e incluso el Registro Civil, que es la entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones.
Son parte de su botín. La Fiscalía se ha convertido en el mejor lugar de enterramiento de los verdaderos responsables de los escándalos -como el escándalo de Odebrecht o el escándalo del Canal Isabel II- y es el refugio preferido de los políticos corruptos del régimen con proceso penal.
Allí se sienten seguros, protegidos como le ha pasado al expresidente Álvaro Uribe con su juicio por manipulación de testigos en el que la Fiscalía se ha convertido en el baluarte de su defensa. La justicia, es lúgubre decirlo, se ha convertido en un asunto de atropello y fuga que no se utiliza para combatir el crimen, sino para acabar moralmente con los opositores o para silenciar las voces de los periodistas que denunciamos. Temen a Petro porque ven en él una amenaza populista que puede acabar con la propiedad privada y nuestro estado de derecho, pero no les importó convertirnos en una autocracia.
Hace cuatro años los integrantes del cártel de la toga, una mafia que se encargaba de montar procesos a los opositores para sacarlos del camino, montaron dos candidatos; Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Ahora, cuatro años después, la historia se repite. En la contraloría de Sergio colgó de manera injusta y desproporcionada la lápida del escándalo de Hidroituango, una presa que ha tenido serios problemas en su construcción y una investigación de cuando era gobernador fue revivida en la Fiscalía porque no tenía el don de adivinar que el dólar que iba a fluctuar después de haber hecho un préstamo en dólares. Gustavo Petro, el candidato que sigue anotando en las encuestas, también tiene al perseguidor encima y lo tienen en la mira.
El hecho de que el clan Char, un poderoso grupo familiar que fue señalado para comprar votos en las últimas elecciones, es el dueño de la oficina de registro, no ayuda a calmar los temores que esto despierta en la oposición. Tampoco ayuda el cinismo con el que el Registrador Vega habla de garantías electorales. En un comunicado les dijo a los candidatos de la oposición que si no se sentían seguros, era mejor que no aparecieran en la contienda.
A estos preocupantes hechos hay que agregar la sorprendente suspensión de la ley de garantías que prohibía a gobernadores y alcaldes celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses previos a cualquier elección. Esta ley, que se hizo para evitar que el gobierno y los partidos en el poder utilicen estos recursos para financiar las campañas de sus candidatos, acaba de ser derogada en el Congreso a solicitud del propio presidente Duque.
Sin esa ley, el mafiocracia Tiene las manos libres para invertir estos dineros en sus candidatos, lo que puede alterar seriamente el resultado electoral de las próximas elecciones. Eso es el mafiocraciva a utilizar su poder para influir en estas elecciones y se va a utilizar a fondo para detener la rotación en el Congreso e imponer al nuevo presidente.
Sin embargo, esta vez no les resultará fácil. El país clama por un cambio de rumbo y ellos, hartos de tanto poder, se han vuelto sordos. Por eso en las próximas elecciones hay que ir a las urnas a votar por los nuevos liderazgos en el Congreso y por el candidato presidencial que tenga el coraje de destapar esta colusión. Esa es la única forma en que podemos quitar esto del poder. mafiocracia. Mostrándoles que les hemos perdido el miedo y que estamos dispuestos a librar una batalla por la recuperación de nuestra democracia.