Con el fin de fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, el Gobierno del presidente Iván Duque expidió la Directiva 017 de 2020, que establece los lineamientos para que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) cuenten con los recursos necesarios para avanzar en la ejecución e implementación de sus Planes de Alternancia Educativa 2020-2021.
El documento establece los mecanismos para la asignación y el uso de recursos del FOME y procede a comunicar a las Entidades Territoriales Certificadas en educación, la asignación de $311 mil millones adicionales con lo cual se llega a una asignación de $400 mil millones durante la presente vigencia fiscal, para concurrir desde el Gobierno Nacional con la financiación de los protocolos de bioseguridad.
De igual manera, la Directiva establece los usos y destinación específica que tendrán los montos asignados a las Secretarías de Educación dentro de los cuales destacan la adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) para directivos docentes, docentes, administrativos y estudiantes, conforme a su nivel de exposición al riesgo; la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos, para garantizar las condiciones de bioseguridad en establecimientos educativos oficiales; la adquisición de elementos de bioseguridad en Instituciones Educativas y la realización de las adecuaciones necesarias que le permitan a las residencias escolares cumplir los protocolos durante toda la permanencia de los estudiantes y el bienestar de su comunidad educativa.
Dentro del apartado de orientaciones para la incorporación y ejecución de los recursos del FOME, la Directiva establece que “deben incorporarse con oportunidad al presupuesto de la Entidad Territorial para su ejecución”, para lo cual brinda las alternativas para que, a más tardar, previo al inicio del calendario académico 2021 cada sede educativa cuente con los protocolos de bioseguridad para las jornadas presenciales.
Adicionalmente, el documento establece la necesidad de realizar los trámites respectivos para la incorporación de los recursos ante las corporaciones territoriales tales como Asambleas departamentales y Concejos distritales o municipales, para lo cual determina la necesidad de dar alcance a los proyectos de presupuesto 2021 que se encuentran en fase de aprobación y estudio.
Por último, la Directiva recomienda que, con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos, una vez sea aprobada la incorporación de recursos en el presupuesto 2021 de cada ETC, se haga uso del mecanismo de vigencias futuras, pues es un instrumento expedito para dar inicio desde este año a los procesos de contratación que permitan garantizar que las comunidades educativas del país cuenten de manera oportuna con las condiciones requeridas para la implementación de los Planes de Alternancia Educativa, tal y como lo estipula la Directiva 017 de 2020.
Con este trabajo el Ministerio de Educación Nacional, las autoridades territoriales y los sectores de Educación y Salud, trabajan de la mano para garantizar que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, familias y toda la comunidad educativa avancen en el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a los ambientes de aprendizaje para apoyar condiciones de desarrollo integral, contribuir con la nivelación de aprendizajes, retomar las sedes educativas como entornos protectores y lograr un servicio educativo que se reactiva bajo condiciones seguras para la comunidad educativa.
Consulte la Directiva 017 del 20 de noviembre de 2020 en este enlace
Con el fin de fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, el Gobierno del presidente Iván Duque expidió la Directiva 017 de 2020, que establece los lineamientos para que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) cuenten con los recursos necesarios para avanzar en la ejecución e implementación de sus Planes de Alternancia Educativa 2020-2021.
El documento establece los mecanismos para la asignación y el uso de recursos del FOME y procede a comunicar a las Entidades Territoriales Certificadas en educación, la asignación de $311 mil millones adicionales con lo cual se llega a una asignación de $400 mil millones durante la presente vigencia fiscal, para concurrir desde el Gobierno Nacional con la financiación de los protocolos de bioseguridad.
De igual manera, la Directiva establece los usos y destinación específica que tendrán los montos asignados a las Secretarías de Educación dentro de los cuales destacan la adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) para directivos docentes, docentes, administrativos y estudiantes, conforme a su nivel de exposición al riesgo; la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos, para garantizar las condiciones de bioseguridad en establecimientos educativos oficiales; la adquisición de elementos de bioseguridad en Instituciones Educativas y la realización de las adecuaciones necesarias que le permitan a las residencias escolares cumplir los protocolos durante toda la permanencia de los estudiantes y el bienestar de su comunidad educativa.
Dentro del apartado de orientaciones para la incorporación y ejecución de los recursos del FOME, la Directiva establece que “deben incorporarse con oportunidad al presupuesto de la Entidad Territorial para su ejecución”, para lo cual brinda las alternativas para que, a más tardar, previo al inicio del calendario académico 2021 cada sede educativa cuente con los protocolos de bioseguridad para las jornadas presenciales.
Adicionalmente, el documento establece la necesidad de realizar los trámites respectivos para la incorporación de los recursos ante las corporaciones territoriales tales como Asambleas departamentales y Concejos distritales o municipales, para lo cual determina la necesidad de dar alcance a los proyectos de presupuesto 2021 que se encuentran en fase de aprobación y estudio.
Por último, la Directiva recomienda que, con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos, una vez sea aprobada la incorporación de recursos en el presupuesto 2021 de cada ETC, se haga uso del mecanismo de vigencias futuras, pues es un instrumento expedito para dar inicio desde este año a los procesos de contratación que permitan garantizar que las comunidades educativas del país cuenten de manera oportuna con las condiciones requeridas para la implementación de los Planes de Alternancia Educativa, tal y como lo estipula la Directiva 017 de 2020.
Con este trabajo el Ministerio de Educación Nacional, las autoridades territoriales y los sectores de Educación y Salud, trabajan de la mano para garantizar que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, familias y toda la comunidad educativa avancen en el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a los ambientes de aprendizaje para apoyar condiciones de desarrollo integral, contribuir con la nivelación de aprendizajes, retomar las sedes educativas como entornos protectores y lograr un servicio educativo que se reactiva bajo condiciones seguras para la comunidad educativa.
Consulte la Directiva 017 del 20 de noviembre de 2020 en este enlace