Hay que desentrañar las realidades brutales del consumo y la distribución desigual del agua en La Guajira, exponiendo la negligencia y la insensibilidad de la clase política y los intereses corporativos.
Por Martín López González
En La Guajira, donde miles de niños han perdido la vida por falta de acceso al agua potable, es fundamental abordar el dilema ético que surge al priorizar la desalinización de agua de mar para la producción de hidrógeno verde, cuando a través de la historia ese proceso se ha negado para el consumo humano. Esa tecnología se conoce desde los ochenta del siglo anterior para los empleados de Intercor de Puerto Bolívar, al igual que en el Caribe holandés, pero considerada por muchos dirigentes políticos, muy costosa para el consumo de la población wayuu.
Estas disposiciones en torno a la producción de hidrógeno verde a partir de la electrólisis del agua desalinizada, contrasta con el claro desprecio que ha existido por suplir con esa tecnología la sed de las comunidades locales. Estas acciones refuerzan el racismo estructural del Estado central en el que los intereses de la industrialización y el desarrollo están por encima de las necesidades y derechos de las comunidades marginadas y empobrecidas. Relegadas a un segundo plano. Este patrón de comportamiento alimenta la desigualdad y perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión.
El caso de la represa El Cercado con 200 millones de metros cúbicos de agua almacenados y bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura pensado más en distritos de riegos, es un ejemplo más de la absurda priorización del uso del agua en nuestra región. Su paso al Ministerio de Vivienda y Agua Potable envía el mensaje contrario con miras a garantizar el consumo humano. Mientras los niños mueren por falta de agua, la sed de lucro de la minería del carbón y los plantíos de banano y palmas para biocombustibles, devora los recursos hídricos. Hay que desentrañar las realidades brutales del consumo y la distribución desigual del agua en La Guajira, exponiendo la negligencia y la insensibilidad de la clase política y los intereses corporativos.
La historia de nuestra principal fuente hídrica y de la región con mayor riqueza hidrológica, es también una muestra vergonzosa de la priorización y organización de la población en torno al agua. El río Ranchería, el que se robaron, quedó atrapado entre la mencionada represa; y 26 de sus 248 Kms, están dentro de la franja cedida para la megaminería del carbón. Zona estratégica agropecuaria entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá pobladas por comunidades afrodescendientes desde el Siglo XVI, pero desterritorializadas por la minería del carbón. Esa es una batalla silenciosa que se libra a diario.
Nuestro gran potencial para la producción de hidrógeno verde nace de los recursos renovables, como la radiación solar y los vientos consistentes, que producirían energía muy barata. Sin embargo, surge un interrogante crucial: ¿es apropiado potabilizar agua de mar en la producción de hidrógeno sin tener en cuenta las carencias humanas? La escasez de agua potable y las necesidades urgentes de la población son preocupaciones legítimas que deben abordarse de manera prioritaria. Los gobiernos nacionales y locales deben garantizar el acceso al agua potable para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que sufren de sed y están en riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de agua.
La corrupción que ha permeado el poder central y local tradicionalmente han dilapidado la poca inversión en agua para las comunidades, desde el Plan Departamental de Agua con empréstitos del Banco Mundial, Guajira Azul y su heredera, Esepgua y el más reciente escándalo en la sobrefacturación en compras de carrotanques han estado cortados con la misma tijera de la corrupción descarada, responsable de la desnutrición y muerte de muchos niños en su primera infancia. Es imperativo que se realice una redistribución justa de los recursos, donde se priorice el acceso a agua potable, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades locales.
Necesitamos un cambio tanto en el manejo del uso del agua como de los recursos asignados a su producción y consumo. Al parecer, es tan escasa el agua como los políticos y funcionarios públicos que defiendan los intereses de los más vulnerables, en lugar de favorecer a las grandes multinacionales y alimentar la desigualdad. Además, se deben implementar políticas que promuevan la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones para evitar la concentración del poder y la exclusión de las voces de aquellos que más necesitan ser escuchados.
En un departamento donde la mitad de la población pertenece a la etnia wayuu, las cifras de mortalidad infantil y desnutrición crónica son las peores de Colombia. Mientras los niños wayuu perecen en sus primeros años de vida debido a la falta de acceso a agua potable, la industria minera del carbón y los extensos cultivos de banano y palmas para biocombustibles derrochan cantidades astronómicas de este recurso vital. Mientras que un niño wayuu lucha por sobrevivir con menos de un litro de agua contaminada al día, la mina de carbón del Cerrejón consume millones de litros para controlar el polvo y lavar el mineral. ¿Es acaso justificable que una industria que obtiene ganancias exorbitantes derroche agua mientras los más vulnerables sufren una sed inhumana?
Por otro lado, los plantíos de banano y palmas para biocombustibles continúan devorando los recursos hídricos, sin considerar la urgente necesidad de agua potable para la población. Mientras se riegan los campos de cultivo con millones de litros de agua, las comunidades wayuu se ven obligadas a recorrer largas distancias en busca de un preciado vaso de agua limpia. Mientras la clase política presume de su gestión, los niños wayuu siguen padeciendo la sed y la desnutrición. Es hora de que se exija transparencia y equidad en el uso de este recurso vital.
La Guajira se ahoga en la hipocresía y la negligencia de la clase política y los intereses corporativos. La sed de lucro ha reemplazado el derecho básico al agua potable y ha condenado a una etnia entera a sufrir y perecer. Es momento de rebelarse contra esta injusticia. Exigimos una redistribución equitativa del agua, priorizando las necesidades de la población, especialmente la etnia wayuu. La minería del carbón, los cultivos intensivos y la represa deben rendir cuentas y garantizar que el agua sea utilizada responsablemente, sin comprometer la vida humana.
La Guajira se ha convertido en un símbolo doloroso de las injusticias sistémicas que atraviesan a Colombia. Esa indolencia del poder central en contubernio con una clase corrupta y mediocre regional han perpetuado la tragedia humanitaria en esta región. Proyectar la producción de hidrógeno verde a partir de grandes cantidades de agua potable para satisfacer las demandas energéticas del primer mundo, en un territorio donde las comunidades enfrentan la falta de acceso a agua potable y la desnutrición mata a la primera infancia es un gran exabrupto.
Nuestro llamado es radical y contundente: debemos romper con este sistema corrupto y trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa. Es hora de defender los derechos de los más vulnerables y garantizar su acceso a recursos básicos. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad absoluta, con líderes comprometidos en erradicarla y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. La Guajira no puede seguir siendo un escenario de tragedia y desigualdad. Es hora de desafiar a la clase política corrupta y a los intereses corporativos y reclamar el derecho inalienable al agua potable para todos. ¡El agua es vida y no permitiremos que se siga sacrificando por el lucro despiadado!
Solo a través de una acción colectiva y un cambio de época podremos transformar el sistema y construir un país donde se respeten los derechos de todos, independientemente de su origen étnico o su posición socioeconómica. Es hora de desafiar y desmantelar el racismo, el clasismo y la corrupción que perpetúan la tragedia en La Guajira y en toda Colombia. Es evidente que el poder central desde Bogotá ha estado alineado con el empresariado, en lugar de defender y prevalecer la vida humana. ¡Presidente Gustavo Petro y ministros del despacho, es hora de un cambio fundamental en la forma en que se toman las decisiones y se gestionan los recursos en nuestro país y especialmente en La Guajira!